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Software libre, estándares abiertos y las administraciones públicas

Para evitar desinformación, publicamos a continuación una serie de puntos y ventajas a tener en cuenta acerca del software de fuentes abiertas y los estándares informáticos en administraciones públicas, basados en las recomendaciones de la Comisión Europea y la Fundación Pública CENATIC (Ministerio de Industria):

  • Libertad de elección:
    La actualización o migración de los sistemas de información en un entorno de software de fuentes abiertas no depende ni está condicionada a un solo proveedor. Mientras que el software cerrado crea monopolios, el software de código abierto genera libre competencia y verdadera neutralidad tecnológica ya que cualquier empresa puede distribuir y dar soporte a estos productos bajo las mismas condiciones. Migrar desde una código plataforma (aplicaciones o sistema operativo) de código abierto a otra distinta es muy fácil; hacerlo desde una plataforma cerrada, no tanto.
  • Seguridad y privacidad de sistemas y datos
    La única forma de garantizar la seguridad de los sistemas y la confidencialidad de los datos de los ciudadanos es mediante la auditoría completa del funcionamiento de los sistemas informáticos. Esto es sólo posible en aplicaciones que pongan a disposición del cliente el código fuente. Si además, este código se hace público al ciudadano (aplicaciones de código abierto), éste tiene la confianza de que se está haciendo un uso responsable de sus datos.
  • Perdurabilidad de la información
    Los estándares abiertos permiten a cualquier persona -ahora o dentro de varios años y usando cualquier plataforma- tener acceso a los documentos electrónicos que generamos hoy en día. Los documentos realizados en formatos cerrados, sin embargo, está controlados directamente por la empresa que realiza el único programa capaz de abrirlos con fiabilidad. Si dicha empresa quiebra o deja de dar soporte, perderemos la información de los ciudadanos.
  • Responsabilidad social
    Si una administración usa un software que es peor y más caro está realizando claramente un acto de prevaricación de fondos públicos. En muchos casos, el software libre ofrece alternativas gratuitas o de menor coste de una calidad igual o superior a sus equivalentes. Y la administración pública -aunque la migración a software libre supusiera unos mayores costes-, en pro de la transparencia y verdadera neutralidad tecnológica tiene el deber de no usar como opción por defecto plataformas cerradas cuando existen alternativas abiertas igualmente funcionales.
    Dichos costes, por experiencias pasadas, en realidad se ha demostrado que no son mayores -sobre todo a largo plazo- sino que simplemente se trasladan desde el pago de licencias a la inversión en formación del personal propio.
  • Fomento de la industria local
    Tanto el soporte como la implementación de software libre puede realizarse por empresas de carácter local, y no generar un flujo exterior de contratación. Invertir en software libre crea puestos de trabajo en la propia región y aumenta el flujo interior de renovación.
  • No discriminación de los ciudadanos
    La imposición de un formato de archivo cerrado para comunicarse con la administración pública supone una clara discriminación hacia los ciudadanos que no dispongan del único software (privativo) que es 100% compatible con ese formato. Bien sea por disponibilidad económica (teniendo en cuenta que es posible hacer lo mismo con software libre y gratuito), bien por discriminación de ciertas plataformas de software, distintas del sistema predominante.
  • Cumplimiento de la ley y de las recomendaciones de la Unión Europea
    La ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, de obligado cumplimiento a partir de enero de 2009, dice explícitamente que las administraciones públicas tienen el deber de seguir los principios de "uso de estándares abiertos". Además, el software libre es normalmente el que, por su propia naturaleza, más respetuoso es con dichos estándares informáticos.
  • Coherencia con el resto de administraciones públicas nacionales e internacionales
    Si las administraciones públicas de Francia, Alemania, Brasil o Ecuador o incluso ejemplos más cercanos: el gobierno de Extremadura y Andalucía, -o incluso el propio Ayuntamiento de Zaragoza- están recomendando, migrando e implantando software libre y estándares abiertos, es seguro que no se trata de una idea descabellada e inviable usar este tipo de tecnologías. Es posible fijarnos en ellos para observar casos de éxito de migración a software libre y estándares abiertos.

Estándares Abiertos:

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